En enero de 2025, Chile dio un paso crucial hacia la transformación de su sistema de pensiones con la aprobación de la nueva Reforma Previsional. Este proyecto, que llevaba años en discusión, busca abordar las deficiencias estructurales del sistema instaurado en los años 80, combinando ahora un pilar contributivo de capitalización individual con uno solidario de reparto. Para los empleadores, este cambio no solo significa una mayor carga económica, sino también la necesidad de adaptarse a un nuevo entorno regulatorio y administrativo.
La reforma previsional implica cambios sustanciales que afectan directamente a la relación laboral entre empresas y trabajadores. Uno de los principales motivos por los que los empleadores deben prestar atención es el aumento en las cotizaciones obligatorias a su cargo, lo que impactará en los costos asociados a la contratación de personal.
Además, las empresas deberán asumir nuevas funciones administrativas, como el pago de las cotizaciones adicionales y la entrega oportuna de información. La reforma también incorpora normativas sobre transparencia y seguimiento de los aportes, y la falta de cumplimiento podría acarrear multas o sanciones. En otras palabras, la reforma no solo busca mejorar las pensiones futuras, sino que redefine la forma en que las empresas participan en el financiamiento del sistema previsional.
Uno de los pilares de esta reforma es la creación de una cotización adicional del 6% con cargo al empleador. Esta cotización se irá implementando de forma gradual y se sumará al 10% actual que aportan los trabajadores a su cuenta individual.
De este 6%, un 3% se destinará a un Fondo Integrado de Pensiones (FIP), un nuevo mecanismo de reparto solidario que busca mejorar las pensiones de los actuales y futuros jubilados con menores ingresos, mujeres y cuidadores. El otro 3% irá a cuentas individuales administradas por nuevos inversores públicos o privados seleccionados por licitación, conocidos como Inversores de Pensiones Autónomos (IPA), que reemplazarán paulatinamente a las AFP en la gestión de nuevos fondos.
El aumento de cotizaciones, aunque distribuido en el tiempo, representará un mayor costo fijo para las empresas. Por ejemplo, una empresa que hoy paga $500.000 de sueldo imponible por trabajador deberá aportar $30.000 adicionales mensuales cuando el 6% esté completamente vigente. Esto implica un desafío especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que podrían ver afectada su capacidad de contratación si no se planifican adecuadamente.
La Reforma no solo implica mayores pagos, sino también nuevas responsabilidades para el empleador en términos de cumplimiento y gestión administrativa. Algunas de estas obligaciones incluyen:
Registro y pago oportuno de las nuevas cotizaciones
Las empresas deberán modificar sus sistemas internos de remuneraciones para incorporar esta nueva cotización, diferenciando entre el porcentaje destinado al fondo solidario y el que va a la cuenta individual del trabajador.
Selección y notificación del Inversor de Pensiones Autónomo
El trabajador podrá elegir entre los distintos IPA disponibles. Sin embargo, el empleador tendrá el deber de notificar al trabajador sobre sus opciones y garantizar que el proceso de afiliación se realice correctamente.
Informes previsionales
Los empleadores deberán entregar nueva documentación que indique con claridad los montos destinados a cada fondo, los periodos cotizados y el IPA al que está afiliado el trabajador, asegurando transparencia en todo el proceso.
Gestión de cotizaciones no pagadas
La Superintendencia de Pensiones contará con mayores facultades para fiscalizar y sancionar a las empresas que presenten atrasos en los pagos. Además, las plataformas de fiscalización serán modernizadas para mejorar el seguimiento.
Coordinación con la PGU
Si bien el aporte a la Pensión Garantizada Universal (PGU) es financiado por el Estado, la empresa tendrá el deber de facilitar la postulación de sus trabajadores y verificar la información requerida para que puedan acceder a este beneficio cuando corresponda.
Desde la perspectiva del trabajador y del país, los beneficios de la reforma son significativos:
Compensación por años cotizados: Por cada año cotizado, los trabajadores recibirán un beneficio garantizado en su pensión final. Esta fórmula reconoce el esfuerzo del trabajo formal y estimula la cotización regular.
Disminución de las brechas de género: El sistema solidario incorpora compensaciones que reconocen el tiempo fuera del mercado laboral por labores de cuidado, lo que impacta positivamente en las pensiones de las mujeres, quienes históricamente han recibido jubilaciones más bajas que los hombres.
El calendario de implementación considera un proceso gradual, permitiendo que empleadores y trabajadores se adapten de manera progresiva a los nuevos cambios. Las fechas clave incluyen:
A mayo de 2025, la reforma ha sido promulgada y se encuentra en fase de implementación regulatoria. Esto significa que los distintos organismos involucrados —como la Superintendencia de Pensiones, el Instituto de Previsión Social y el nuevo Administrador Público Autónomo— están elaborando reglamentos y protocolos operativos.
En los próximos meses, se espera la publicación de los reglamentos específicos sobre licitación de los IPA, estructura de gobernanza del Fondo Solidario, normativa de fiscalización y canales de denuncia para asegurar el cumplimiento empresarial. También se lanzará una campaña nacional de información para orientar tanto a trabajadores como a empleadores sobre sus nuevos derechos y deberes.
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